La USO afilia a 300 nuevos miembros en Rubiales

uso

Con el apoyo de la ODEPA, Justicia para Colombia, y los sindicatos internacionales UNISON and Workers Uniting, la USO ha sido capaz de conformar un equipo compuesto por organizadores, abogados, y observadores internacionales para coordinar labores en una región apartada, desgarrada por la corrupción, con una débil presencia institucional y el resurgimiento de grupos paramilitares

Un análisis de las violaciones laborales en la región ha revelado prácticas tales como la contratación a corto plazo a través de empresas de outsourcing, salarios más bajos que los pagados en otras partes del país, horas de trabajo que exceden los límites legales, sin el reconocimiento al pago de horas extras, una estructura de dos niveles en los que trabajadores directos ganan más que los trabajadores subcontratados, violaciones de los requisitos para proveer puestos de trabajo para la población local y represión antisindical.

La USO está actualmente trabajando en representación de los trabajadores del proveedor de servicios de cafetería Duflo, quienes han buscado la ayuda de la Union en la lucha contra los cambios discontinuos en sus horarios laborales donde los empleados trabajan de 6:00-9:00, 13:00-15:00 y 16:00-18:00 sin ningún pago entre estas horas.

Mientras tanto, un panel de arbitraje ha ordenado a Pacífic E & P reabrir un proceso de negociación colectiva con la USO el 20 de febrero, que ha estado en espera durante más de un año. Leer un comunicado de la USO al respecto AQUI.

La USO está convencida que el liderazgo que está ofreciendo en estos procedimientos, así como la aplicación del acuerdo de negociación nacional con Ecopetrol, seguirán atrayendo nuevas afiliaciones, incluso en un municipio marcado por una historia de intensas tácticas antisindicales por parte de las empresas petroleras, sus filiales y una amplia gama de empresas de la industria de outsourcing.

Amenazas de muerte al equipo de Sintracihobi

El viernes 18 de noviembre, amenazas de muerte llegaron a tres miembros del equipo que trabajan para proteger los derechos laborales de las trabajadoras de la primera infnacia del sector público de Colombia afiliadas al sindicato Sintracihobi.

Juan David Gómez, asesor de la unidad tecnica legislativa del senador colombiano Alexander López, y Daniel Marín, abogado de la firma Mantilla, Marin y Alvarez, recibieron mensajes de texto (imagenes abajo) por separados en los cuales se les informó que serían desmembrados si continuaban trabajando en las zonas de Bogotá. La única conexión entre estos dos profesionales es su trabajo con Sintracihobi, donde colaboran para defender los derechos laborales y los servicios de calidad en los programas de la primera infancia administrados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Andrés León, un miembro del personal de Sintracihobi que trabaja en estrecha colaboración con  Mantilla Marin y Alvarez, también recibió una llamada telefónica anónima en la que fue intimidado e insultado con un lenguaje similar. Leon fue contratado por PASO desde mayo a octubre del 2016.

Solicitamos a la comunidad internacional a que colabore con las autoridades colombianas para garantizar la seguridad de estas tres personas, así como de todos aquellos que trabajan con el equipo de  Sintracihobi, incluidos los dirigentes sindicales y el personal de PASO, para que podamos seguir defendiendo pacíficamente los derechos humanos de millones de los niños colombianos más vulnerables. Para información adicional por favor contacte pasocolombia@gmail.com o (COL) 311 561 8403.

Amenaza Juan David Gomez Amenaza Daniel MarinAmenaza Daniel Marin

Corte Costitucional ordenará pago retroactivo a las madres comunitarias

El sindicato SINTRACIHOBI, que representa a las trabajadoras de la primera infancia financiadas por dineros públicos, hoy celebran otra gran victoria en la pugna por el reconocimiento de sus derechos laborales. La semana pasada, los medios de comunicación filtraron una proyección de un fallo de tutela en el cual la Corte Constitucional de Colombia reconocía una relación laboral existente entre las 106 madres comunitarias accionantes de la tutela y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el cual siempre había desconocido esta relación con el argumento de que las madres comunitarias eran voluntarias en un programa de caridad. Además de lo anterior, en el fallo filtrado por los medios, la Corte reconocía el pago retroactivo de los salarios dejados de percibir a estas madres comunitarias, además del reconocimiento de las prestaciones sociales y los aportes de pensión desde la fecha de vinculación de cada una de las madres comunitarias accionantes, hasta el 31 de enero de 2014 fecha en la cual el Estado formalizo a las madres comunitarias luego de 29 años.

Ante este precedente, se estima que en la historia de los programas comunitarios y demás modalidades, hayan trabajado alrededor de 120.000 madres comunitarias durante un poco más de 30 años como “voluntarias” que pueden verse favorecidas por el fallo de tutela de esta alta Corte.

Esta decisión no es la primera que esta alta corte concede a favor de las madres comunitarias debido a que en el año de 2014 esta misma institución ordenó al Estado el mejoramiento de las condiciones salariales de las madres comunitarias debido a que la retribución en ese entonces por su trabajo, equivalía a menos del salario mínimo legal en Colombia. Esto, impulso a que el sindicato saliera a un paro en 2013 por más de 20 días exigiéndole al Estado una formalización laboral inmediata, logrando este tan anhelado objetivo para más de 80.000 madres comunitarias en ese entonces. Sin embargo, el sindicato después de esta victoria y observando que la mayoría de sus filiales sufrían padecimientos físicos y además ostentaban entre 60 y 80 años aun desempeñando la labor de madres comunitarias, decidió organizar un grupo de abogados para presentar miles de demandas individuales en las cuales le exigen al Gobierno el reconocimiento de pensiones dignas y la reivindicación laboral después de tantos años de servicio sin tener una buena remuneración. El fallo mencionado anteriormente se emitiría en el marco de 106 de estos casos.

Después de narrar los anteriores acontecimientos y teniendo en cuenta la filtración del fallo de tutela de la Corte, el momento que vive el sindicato SINTRACIHOBI es inmejorable, debido a que en este año cosecharía dos victorias hito en la historia laboral de Colombia; el primero radica en que en abril de este año en un paro de 20 días, las madres comunitarias lograron mejorar las condiciones nutricionales de los niños que atienden y además, consiguieron un contrato indefinido con vocación de permanencia y estabilidad laboral, y el segundo, sería el conseguir el primer fallo de tutela que les da la razón a las madres comunitarias y les reivindique tantos años laborados en condiciones infrahumanas.

PASO lanza informe sobre los derechos humanos y la industria petrolera

La semana pasada PASO y CCAJAR lanzaron un informe, escrito por las dos organizaciones con el apoyo de la FIDH, que documenta las violaciones de los derechos humanos por la multinacional nacional canadiense Pacific E&P el en municipio colombiano de Puerto Gaitán, Meta.

El informe documenta violaciones de los derechos humanos, abusos de las leyes laborales, delitos ambientales, e irregularidades con respecto al derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa. Las conclusiones resaltan una falta casi completa de la aplicación de la normatividad Colombiana en todas las áreas examinadas por el estudio, e ilustra las fallas en los mecanismos de responsabilidad social empresarial.

Leer o descargar el Resumen Ejecutivo del informe AQUÍ.

Leer o descargar el informe completo AQUÍ.

Leer un artículo en Portafolio sobre los temas abordados en el informe.

Ver un video del lanzamiento del informe AQUI.

El siguente fue publicado con el permiso de SINTRACIHOBI.

Sintracihobi Logo

———-Comunicado de Prensa SINTRACIHOBI———-

31 de marzo de 2016

La crisis en Bienestar Familiar nos lleva al paro nacional indefinido el 4 de abril

Se convoca la prensa: Lunes 4 de abril a las 10:00 am a la dirección de la Sede del ICBF en la Ak 68 #64c-75.

Debido a la crisis social y humanitaria que se ha desatado por la improvisación administrativa de los programas de primera infancia a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, a partir del lunes 4 de abril entrarán en paro a nivel nacional 7000 trabajadoras organizadas en el Sindicato Nacional de Trabajadores al Cuidado de la Infancia y Adolecentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar – SINTRACIHOBI.

Esta improvisación administrativa es auspiciada por la determinación del ICBF de acabar con los programas tradicionales de bienestar familiar, los cuales han sido atendidos por las madres  trabajadoras por más de 30 años. Lo más grave es que debido a esta improvisación, miles de niños no han podido ser atendidos este año debido a que aún no existe la infraestructura para atenderlos. Esto ha traído como consecuencia la muerte de niños por desnutrición o por condiciones de desatención como se ha hecho saber al ICBF por parte del sindicato mediante varios oficios y derechos de petición que reposan en la sede nacional del ICBF y de los cuales no se tiene respuesta.

La situación tan precaria por parte de la improvisación administrativa del ICBF, obligó a que el día 18 de febrero de este año se citara a Cristina Plazas Michelsen a una audiencia pública como directora del ICBF para denunciar públicamente la lamentable situación de los niños atendidos a nivel nacional. En esta audiencia las madres representantes de los 32 departamentos realizaron graves denuncias con respecto a la condición de maltrato de los niños por parte de ciertos operadores privados con cobertura nacional. Denunciaron de todas las regiones la miserable minuta de alimentación que otorga el ICBF para la atención de los niños a nivel nacional. Desde La Guajira, la madre comunitaria Nelly de la Hoz señala que “me veo obligada a hacer una sopa para 12 niños con solo 6 onzas de frijoles”. Otra de Cundinamarca indicó “cuando se advierte que hay un niño en situación de desnutrición, ICBF envía un formulario, no hace nada más para sacar el niño de la situación”.

Aparte de la situación tan crítica de la atención a los niños, las madres comunitarias también son las víctimas de persecución laboral. Han venido siendo hostigadas sistemáticamente por los operadores y el ICBF con contratos lesivos de sus garantías laborales, con la finalidad de que estas deserten de los programas de primera infancia y se les desconozcan definitivamente los derechos prestacionales que se les adeudan por tantos años al servicio, derechos que hoy son origen de litigios laborales por parte de las madres trabajadoras que buscan dignificar su trabajo con una pensión digna.

Esta persecución laboral ha venido presentándose más gravemente desde que el año pasado se lanzara la iniciativa del Banco Nacional de Oferentes, la cual es una “invitación pública” a todos los interesados de participar en los programas de primera infancia que cuenten con musculo financiero y experiencia al cuidado de la infancia y adolescencia. La puesta en marcha de esto sistema fue nefasta para el personal de las programas de ICBF, los niños a su cargo y las asociaciones de padres de familia, debido a que ponían a competir a esta últimas contra operadores privados con músculo financiero elegidos muchas veces a dedo por funcionarios del ICBF con intereses monetarios o con situación de cercanía personal, dejando en evidencia la corrupción con la que en algunas regiones realizaron el proceso de contratación. Esto ha obligado a las madres comunitarias a migrar a operadores privados, a menudo sin ser recibidas por estos a pesar de que la directriz del ICBF es la de contratación obligatoria.

Nuestra lucha es para dignificar las condiciones de los niños atendidos por los programas de primera infancia y por supuesto, para dignificar nuestras condiciones laborales, por lo cual nos vamos al paro indefinido el lunes 4 de abril. Este paro se convoca por todos los municipios del país, se presentará el pliego de peticiones al ICBF a las 10am en Bogotá.

Mayores informes:         Olinda Garcia, Presidente SINTRACIHOBI, 310 259 2135

Eduviges Campo, Fiscal SINTRACIHOBI, 320 500 2038

Andrés Leon, Prensa SINTRACIHOBI, 305 727 3679

———–www.sintracihobi.org————

 

La Corte Constitucional Colombiana ordena la suspensión de actividades de Pacific en el Meta

Ver comunicado de la FIDH aqui.

FIDH

y su organización miembro en Colombia

CCAJAR – Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y
PASO – Project for International Accompainement and
Solidarity in Colombia

 

Comunicado de prensa

 

Paris, Bogota, el 26 de febrero 2016 – El 23 de febrero 2016, la Corte Constitucional Colombiana ordenó la suspensión de las actividades de exploración y explotación de Pacific E&P y su filial Meta Petroleum Corp., cuyas operaciones en Puerto Gaitán, Meta, en asociación con Ecopetrol, generan afectaciones al Resguardo Indígena Vencedor Pirirí del pueblo Sikuane. La Corte consideró que el proyecto Quifa se llevó a cabo en violación de los derechos fundamentales de este último, específicamente el derecho a la consulta previa.

Nuestras organizaciones acogen con satisfacción esta decisión y piden a Pacific E&P y Ecopetrol actuar en conformidad con aquel, y suspender de manera inmediata las actividades que actualmente se desarrollan a una distancia inferior a dos (2) kilómetros del límite del Resguardo Indígena Vencedor Pirirí). De igual forma se insta que todas las empresas de la región atiendan las solicitudes de realización de consulta previa por otros proyectos de forma puntual y de buena fe.

El alto tribunal reconoció que “la constante entrada y salida de personal, maquinaria, insumos y materiales, la generación de olores, ruidos e iluminación permanente, y la afectación de los cuerpos de agua […]. Situaciones todas que han de considerarse entonces como afectaciones directas de sus vidas, creencias, instituciones, bienestar espiritual y de las tierras que ocupan o utilizan de otra manera”. En consecuencia, concluyó que la participación de dicha comunidad en las decisiones relativas al proyecto Quifaera necesaria, y su no realización por parte de Pacific E&P fue ilegal.

El derecho a la consulta previa es un derecho fundamental y la obligación de su cumplimiento es constitucional. Sin embargo, la ausencia de una reglamentación suficientemente precisa y clara, impide una protección eficaz de los derechos de los pueblos indígenas y las minorías étnicas.

Las organizaciones firmantes lanzaron en noviembre de 2014 una evaluación de impacto sobre las actividades de Pacific E&P en el Meta. El informe se ha enfocado en el análisis de las consecuencias que ha tenido la operación de esta empresa sobre el medio ambiente, los derechos de los indígenas y los derechos de los trabajadores. Dicho informe será publicado durante el primer semestre de 2016. Las recomendaciones que resulten de este estudio serán dirigidas a las autoridades, Pacific E&P y Ecopetrol, teniendo en cuenta que este último asumirá responsabilidad de las operaciones en el bloque Rubiales a partir de junio 2016.

En el marco de la investigación, las comunidades indígenas de Puerto Gaitán han denunciado insistentemente la presencia de otros proyectos como el Oleoducto de los Llanos, la Red Eléctrica PEL, y las operaciones de Hocol (filial de Ecopetrol), que generan afectaciones sin que las empresas y autoridades hayan realizado la consulta previa desconociendo las órdenes que la Corte Constitucional ha proferido.

– FIN –

Contactos prensa:
FIDH : José Carlos Thissen (español, francés) – Tel: +51 9541 31650 (América Latina) jcthissen@fidh.org
FIDH : Arthur Manet (español, francés, inglés) – Tel: +33 6 72 28 42 94 ( París) press@fidh.org
CCAJAR : Marcela Rodríguez, cjuridicoetn@cajar.org;
PASO : Neil Martin, pasocolombia@gmail.com

La FIDH es una ONG internacional de defensa de los derechos humanos que federa a 178 organizaciones en cerca de 110 países. Desde 1922, trabaja por los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, tal como están enunciados en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La sede de la FIDH se encuentra en París y la organización tiene oficinas en Abiyán, Bamako, Bruselas, Conakry, Ginebra, La Haya,