Nueva campaña en Homecenter

Sintrasodimac

¡Hemos lanzado una a campaña de fortalecimiento y crecimiento sindical con Sintrasodimac, el sindicato que representa a trabajadores y trabajadoras de Homecenter en Colombia!

PASO se complace en poder contribuir a los esfuerzos de Sintrasodimac para conocer la realidad sobre las condiciones laborales de la fuerza de trabajo de este grupo empresarial conformado por la multinacional chilena Falabella y la empresa colombiana Corona, donde participan con el 49% y 51% correspondientemente.

El holding chileno Falabella se encuentra además presente en Chile, Perú, Argentina, Uruguay y Brasil. Según el sitio web de Falabella, este holding “es uno de los más grandes y consolidados de América Latina. Desarrolla su actividad comercial a través de varias áreas de negocio, siendo las principales, la tienda por departamentos, grandes superficies, mejoramiento y construcción del hogar, compañía de financiamiento comercial CMR, banco, viajes y seguros Falabella. La tienda por departamentos es hoy por hoy, la más importante de Sudamérica. En el 2003 el grupo se fusiona con Sodimac S.A. lo que le permitió, años más tarde entrar a mercados tan importantes como el Colombiano”.

A su vez, Corona, una empresa colombiana, dedicada a la manufactura y comercialización de productos para el hogar y la construcción, cuenta, según su sitio web, “con 19 plantas de manufactura en Colombia, 3 en Estados Unidos, 3 en Centro América, 3 en México y una en Brasil, así como con una oficina de suministros globales en China y una comercializadora en México. Genera más de 14.000 empleos. Exporta sus productos a diversos mercados alrededor del mundo, incluyendo Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, Chile, Venezuela, Centro América, el Caribe, Italia, España y el Reino Unido”.

Conocer la situación de los trabajadores y trabajadoras de Homecenter Sodimac-Colombia permitirá poder contar con información de primera fuente para elaborar y presentar próximamente un pliego de peticiones a esta empresa que busque relaciones y condiciones justas de trabajo.

Se espera de igual modo, poder sembrar el deseo de sindicalización, visto como una posibilidad no sólo de defensa de derechos humanos en el marco del trabajo, sino también como un proceso de apoyo y crecimiento entre trabajadores y trabajadoras que se identifican como parte de una familia consciente y solidaria.

Este trabajo es posible gracias a un convenio realizado entre PASO y UNI Américas, una federacion sindical internacional que representa a 4 millones de trabajadores en América y el Caribe, el cual hace parte de de UNI Sindicato Global, una fuerte agrupación de 20 millones de trabajadores y trabajadoras afiliados a 900 sindicatos presentes en 140 países por todo el mundo.

 

Bristol niega los derechos sindicales

La empresa Enertem SAS, conocida por sus empleados en Puerto Gaitán como Bristol, supervisa el suministro eléctrico necesario para extraer petróleo en Campo Rubiales, la mayor reserva de Colombia. Sin embargo, la compañía se ha negado a reconocer la afiliación sindical de aproximadamente 40 trabajadores en 2017, alegando que las actividades que realizan no son propias de la industria petrolera.

El sindicato industrial del sector petrolero industrial de Colombia, USO, presentó una querella ante el Ministerio de Trabajo en el mes de abril, pero aún no ha recibido ningún tipo de respuesta.

Además, Enertem/Bristol ha presionado a sus empleados para que se distancien la USO, lo que pareciera ser una violación de la libertad sindical de los trabajadores.

PASO, la USO y sus socios internacionales UNITE, UNISON y United Steelworkers seguirán monitoreando de cerca esta situación y colaborando con las autoridades competentes para remediar cualquier comportamiento ilegal o violación de los derechos laborales por parte de las empresas subcontratistas en el sector petrolero colombiano.

Buenaventura despues del paro

Una resolución del Consejo Internacional de Portuarios (International Dockworkers Council – IDC) en solidaridad con Buenaventura está disponible AQUÍ.

Una carta del sindicato del Reino Unido UNITE en solidaridad con Buenaventura está disponible AQUÍ.

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El siguiente artículo fue publicado por primea vez en In These Times el 14 de junio, 2017. La traducción es nuestra.

Lo que necesita saber sobre el paro del puerto más grande de Colombia

Poco notado por los medios de comunicación de habla inglesa, la ciudad colombiana de Buenaventura fue detenida por un paro cívico de tres semanas donde las comunidades afrocolombianas lograron establecer importantes compromisos con el gobierno colombiano. La protesta fue organizada por personas que exigieron que el gobierno declarara un estado de emergencia social y económica y proporcionara mejoras básicas de calidad de vida para una población que ha sido atacada por violaciones sistemáticas de los derechos humanos durante décadas. Los puertos ubicados en Buenaventura generan ingresos anuales de 1.800 millones de dólares, pero la mayoría de sus 400.000 habitantes donde el 90% son afrocolombianos viven en la pobreza.

La protesta fue organizada por organizaciones sociales, sindicatos, estudiantes, consejos comunitarios, líderes religiosos y pueblos indígenas. Los primeros días de la huelga fueron como una fiesta de barrio en toda la ciudad, con baile, música y concentraciones en las calles del puerto. En este marco los representantes de los gobiernos departamentales y nacionales comenzaron a negociar con el Comité de Huelga.

Sin embargo, en medio de las conversaciones, la Policía antidisturbios intervino en la ciudad en un intento de restaurar la movilidad vehicular, lanzando gases lacrimógenos en barrios residenciales. Esta represión provocó una noche de estragos, varios de los establecimientos comerciales de Buenaventura fueron destrozados y las mercancías tomadas. El resto del paro estuvo marcado por constantes enfrentamientos entre la policía y los manifestantes hasta el 6 de junio, cuando se llegó a un acuerdo entre el gobierno y el Comité de Huelga.

La respuesta violenta del gobierno a las manifestaciones fue criticada por Amnistía Internacional, Human Rights Watch y un grupo de representantes del Congreso estadounidense. Las comunidades de Buenaventura terminaron la huelga con celebraciones, aplaudiendo los compromisos asumidos por el gobierno que, de cumplirse, terminará con décadas de lo que los lugareños llaman “abandono estatal” y “robo”. Aproximadamente $ 517 millones se invertirán en infraestructura, servicios públicos, vivienda, educación, sanidad, infraestructura, sistemas de agua y alcantarillado.

Aunque la huelga ha sido catalogada como un éxito, lamentablemente encaja en un patrón en Colombia en el cual las comunidades de regiones específicas o sectores económicos ven la protesta como su única opción para alcanzar el cambio social o atraer la atención del gobierno. Sin embargo una vez que realizan acciones de hecho, sus movilizaciones tienden a recibir una represión violenta.

Mientras tanto, estas comunidades sufren híper explotación y desplazamiento bajo regímenes comerciales de escala mundial. Buenaventura es uno de los puertos más grandes de Colombia y parte integral del comercio de Colombia con los Estados Unidos, la Unión Europea y los países asociados en el bloque comercial de la Alianza del Pacífico. Como resultado la expansión portuaria ha aumentado en los últimos años y ha sido promovido por empresas multinacionales como el Grupo TCB, International Container Terminal Services y PSA International, estos megaproyectos, así como instalaciones de almacenamiento industrial y un proyecto turístico de renovación de muelles, han contribuido al desplazamiento de barrios urbanos. Unos 20 millones de toneladas de carga pasan por la ciudad cada año, generando más de 2 mil millones de dólares, mientras que aproximadamente el 60% de la población vive en la pobreza y el 65% está desempleado.

Buenaventura sirve como estudio de caso sobre los retos asociados con la transición a las políticas neoliberales en el Sur Global. Los puertos colombianos fueron privatizados en 1993, lo que provocó reducciones drásticas en los ingresos públicos para Buenaventura y la apertura de una nueva era de condiciones de trabajo para los empleados portuarios. A principios del milenio, los servicios de agua también fueron privatizados y se han deteriorado constantemente desde entonces. Actualmente el 60% de las propiedades tienen acceso al sistema de alcantarillado y el 76% al agua corriente, a pesar de que Buenaventura está rodeada por 16 ríos. Además, el hospital de la ciudad cerró recientemente y la infraestructura educativa se está desmoronando. Una industria pesquera, una vez robusta, es ahora poco más que un cementerio de barcos oxidados.

Simultáneamente, la disputa por el control territorial entre grupos criminales dedicados principalmente al narcotráfico ha alimentado el desplazamiento de los habitantes de la ciudad, la mitad de los cuales son reconocidos por el estado como víctimas de un conflicto armado. Esto, combinado con el comercio de drogas y las pandillas orientadas a la extorsión, ha llevado a más de mil homicidios en los últimos diez años y a una de las tasas más altas de desplazamiento internos en el hemisferio.

Mientras tanto, la falta supervisión por el gobierno nacional ha llevado a que la corrupción se extienda. La clase política ve los recursos públicos como un botín que está en juego, y las condiciones catastróficas de la ciudad son en gran parte responsabilidad de los partidos políticos y figuras regionales que han gobernado la ciudad en alianza con la élite nacional. Las cifras de asistencia a las escuelas públicas de Buenaventura superan el número real de estudiantes en 50.000 niños. Los ex alcaldes de los partidos liberales -entre ellos Édgar Roberto Carabalí Mallarino, Freddy Fernando Salas Guaitotó, Jaime Mosquera Borja y Bartolo Valencia Ramos- han sido investigados y condenados en casos de corrupción y uno fue asesinado. El comercio de drogas y las estructuras paramilitares han ampliado sus actividades para incluir el tráfico de influencias, la coerción y la compra de votos, todo lo cual ayuda a conservar el poder de la clase dominante.

Todos estos factores son lo que hacen que buenaventura este en una crisis humanitaria y social, que se convirtió en la huelga cívica de 22 días, ahora las comunidades exigen el cumplimiento de lo pactado, así como dignidad y justicia. Para el pueblo bonaerense la lucha continuará.

Nuevo Informe: Día de la Madre en los Campos de Flores

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Fotografía: Nadège Mazars / Hans Lucas

¿Sabía usted que los consumidores estadounidenses compran el 78% de las flores producidas en Colombia y gastarán alrededor de dos mil millones de dólares en este producto para el Día de la Madre?

¿Sabía usted que el 65% de los trabajadores que producen estas flores son mujeres? ¿O que estos empleados sólo ganan alrededor de 16.000 por día? ¿Qué han estado trabajando un promedio de 84 horas cada semana durante el último mes – en preparación para el Día de la Madre – sin días libres, a veces durmiendo en sus sitios de trabajo?

PASO acompañó recientemente a los empleados de la industria de las flores para llevar a cabo una investigación dirigida por los trabajadores y producir un informe sobre las condiciones de trabajo en este sector. Las encuestas revelaron patrones de desintegración sindical, discapacidades relacionadas con el trabajo y acoso sexual.

Descargue el infomre AQUI (hasta ahora está unicamente en inglés, la version en español será disponible pronto).

Ver VIDEOS de trabajadores explicando sus dificultades AQUI y AQUI.

Algunas de las cifras más alarmantes:

  • El 71% de los empleados encuestados creía que no hay límite en el número de horas extras que deben permanecer en el trabajo, aunque las leyes y regulaciones establecen lo contrario.
  • El 16% de los empleados trabaja en los cultivos a pesar de haber sido diagnosticado con enfermedades como tendinitis, síndrome del túnel carpiano y ruptura del manguito rotador y para evitar ser despedidos, ocultan su condición médica.
  • El 50% de los empleados consideró que su salud había sido afectada negativamente por su trabajo; Los porcentajes aumentan con el número de años trabajados – el 76% de los que habían trabajado por más de 20 años sufrían de enfermedades, casi todas relacionadas con acciones repetitivas en el trabajo.
  • El 20% de las mujeres encuestadas reportaron haber sufrido acoso sexual o conocer compañeras de trabajo que lo sufrieron.
  • Menos de 200 empleados en el sector floricultor colombiano, de aproximadamente 13.000, pertenecen a un sindicato.

En Colombia, sindicato de mujeres trabajadoras de la primera infancia coge fuerza

Publicado en Labor Notes en Marzo de 2017; traducción de PASO

60 mil trabajadoras del cuidado de niños en Colombia están a punto de ganar pensiones y salarios retroactivos, después de décadas de devengar sólo la mitad del salario mínimo.

Su sindicato, SINTRACIHOBI, ha logrado estos notables resultados, a pesar de representar a una minoría de empleados en el sector del cuidado de los niños, con una estrategia que combina las acciones legales, incidencia política y movilizaciones masivas.

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Sintracihobi ha luchado durante 25 años para defender los programas públicos de cuidado infantil y poner fin a las prácticas laborales discriminatorias que se han dirigido a un grupo de las trabajadoras más vulnerables del país, excluyéndolos de los pagos de pensiones y salarios mínimos.

El sindicato ha usado tácticas de protesta innovadoras, incorporando a menudo acciones culturales tradicionales como danzas afrocolombianas, la ocupación pacífica de espacios públicos por parte de sus afiliadas y la organización de base sosteniendo asambleas y reuniones en todo el país facilitando así a la movilización de miles de personas.

Paro y protestas

El Gobierno Nacional proporciona servicios a 1,2 millones de los niños más vulnerables del país y sus familias, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) una agencia estatal que a su vez subcontrata a 120,000 trabajadores de la primera infancia a través de varios intermediarios. Casi todas sus empleadas son mujeres, quienes antes del 2014 ganaban la mitad del salario mínimo, a pesar de trabajar largas horas y poner sus propias casas a disposición del ICBF.

Una decisión de la Corte Constitucional en 2012 ordenó al ICBF que pagara a todas las trabajadoras el salario mínimo, más los beneficios de salud y pensiones, pero el instituto se negó a cumplir. Así, Sintracihobi organizó un paro nacional que duró un mes en octubre de 2013 para exigirle al ICBF y al Ministerio de Hacienda que cumplieran con la decisión. Miles de mujeres participaron en la protesta.

Las trabajadoras de cuidado infantil establecieron campamentos fuera de las oficinas del ICBF y tras tres semanas de huelga, un grupo de mujeres de entre cincuenta y sesenta años recurrieron a una protesta en la cual se quitaron las blusas en la Plaza Bolívar de Bogotá, atrayendo la atención de los medios. En respuesta, el Ministerio finalmente destinó fondos para satisfacer las demandas del sindicato.

Amenaza de privatización

Pero aún quedan grandes problemas. Muchas de las mujeres encargadas del cuidado de los niños continúan trabajando a pesar de su avanzada edad (hasta ochenta años) y además a menudo con discapacidades relacionadas con el trabajo.

Los pagos de pensión ordenados por los tribunales, emitidos a partir de 2014, proporcionan una solución para la próxima generación de trabajadores, pero no para las mujeres que habían trabajado desde que se iniciaron los programas del ICBF en los años 80’s.

Además, el gobierno colombiano ha comenzado a promover la administración privada de los programas de cuidado de niños financiados por el estado, mediante la creación de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI). En estos se niegan los contratos de servicios a las asociaciones tradicionales de padres de familia y se conceden a fundaciones y ONG privadas, llevando a despidos de miles de trabajadores mayores de 50 años o que sufren de enfermedades relacionadas con el trabajo, sin compensación alguna. Frente a esto un estudio de la Universidad de los Andes indicó que este modelo predominantemente privado es cuatro veces más caro y produce resultados similares en términos de desarrollo de los niños.

Mientras tanto, el ICBF y su directora Christina Plazas, nombrada por el presidente Juan Manuel Santos, han estado bajo el escrutinio de varias congresistas por supuestos nepotismo y malversación de fondos. A principios de 2016 el sindicato denunció una crisis humanitaria, documentando casos en todo el país donde los niños matriculados en programas del ICBF estaban muriendo de desnutrición. La crisis atrajo una amplia cobertura en la prensa nacional.

Segundo Paro

El 4 de abril de 2016, Sintracihobi volvió al paro. Ocho mil mujeres dejaron de trabajar. Los proveedores de cuidado infantil marcharon, cantaron, bailaron, montaron tiendas de campaña y acamparon fuera de las oficinas del ICBF en 24 ciudades y pueblos. Otros sindicatos, estudiantes y taxistas las proporcionaron comida y otras necesidades. El sindicato exigió que el ICBF solucionara los problemas de acceso a la alimentación de los niños en sus programas, acabara con las prácticas de contratación nepotistas que favorecen las fundaciones privadas, garantizara la estabilidad laboral de los trabajadores de la primera infancia y proporcionara una solución para los pagos previos a 2014.

La huelga volvió a atraer mucha cobertura de la prensa nacional, lo que ejerció presión sobre la directora Cristina Plazas. El mensaje era simple: la mala gestión, las promesas rotas y la corrupción en el ICBF habían causado una crisis de derechos humanos. Los niños estaban mal alimentados y mientras tanto las mujeres enfermas, ancianas y discapacitadas se veían obligadas a seguir trabajando para poder sobrevivir. Incluso en un país donde los medios de comunicación difaman a los sindicatos, este mensaje no pudo ser ignorado.

Victoria

La acción directa y la atención que la prensa le dió al sindicato fueron suficientes para construir una base de apoyo entre los funcionarios electos y las agencias gubernamentales lo que le permitió a Sintracihobi negociar directamente con el ICBF, y no a los empleadores individuales. Después de más de una semana de negociaciones, el sindicato llegó a un acuerdo con el ICBF, para satisfacer las demandas de los trabajadores a través de la legislación y las reformas internas del ICBF. Funcionarios de la Defensoría del pueblo, el Ministerio de Trabajo y seis senadores firmaron el acuerdo como garantes

Sintracihobi trabajó posteriormente con esta coalición de senadores, encabezada por Alexander López, que pertenece al partido de izquierda Polo Democrático, para redactar y aprobar una legislación integral, estableciendo que:

  • los alimentos proporcionados por el ICBF deberían cumplir con criterios nutricionales adecuados para los niños, y no basarse solamente en el valor calórico
  • se reembolsaría a las trabajadoras por los costos de equipos tales como estufas y refrigeradores
  • habría un subsidio de pensión equivalente al salario mínimo disponible para las mujeres que han trabajado en programas del ICBF por más de 20 años

La legislación también mejoró la seguridad laboral de los trabajadores del ICBF y abrió la puerta a la posibilidad de que sus puestos de trabajo pudieran ser introducidos en el sector público en el futuro.

El congreso de Colombia aprobó el proyecto de ley en diciembre, pero Santos se ha negado a firmarlo. Es más, esto se produjo justo después de una decisión histórica en la que el Corte Constitucional de Colombia emitió otro fallo ordenando que el ICBF debe pagar pensiones y retribución a los trabajadores de cuidado infantil por años trabajados antes de 2014.

Amenazas de Muerte

La alegría fue corta. Un día después de la decisión del tribunal, tres miembros del equipo legal del sindicato recibieron amenazas de muerte. El culpable no ha sido identificado, pero el motivo podría ser vinculado a la implementación pendiente de la sentencia; una fuente ha indicado que traería un costo de.

La violencia antisindical ha estado en declive recientemente en Colombia. Sin embargo, un promedio de 27 activistas sindicales fueron asesinados anualmente entre 2011 y 2015. Está claro que el gobierno buscará maneras de evitar el cumplimiento de la sentencia. Ese se ha vuelto el próximo gran desafío del sindicato.

Razones por el éxito

Los líderes nacionales de Sintracihobi son trabajadores de la primera infancia que dedican su tiempo libre al sindicato. Olinda García, presidenta desde 1989, pasa casi todos los fines de semana viajando por todo el país para apoyar y ayudar a organizar las subdirectivas del sindicato.

“Tenemos buena participación cuando organizamos protestas y paros”, dijo, “porque mostramos resultados y porque dedicamos mucho tiempo para enseñar a nuestros miembros y activistas sobre sus derechos legales y cómo se les ha negado”.

Los trabajadores del cuidado de niños también han ganado el apoyo luchando por buenos servicios para los niños y las familias vulnerables. “Nuestro sindicato exige que nuestras afiliadas proporcionen un cuidado de calidad”, dijo Stella Hoyos, una líder nacional y trabajadora de la primera infancia de Popayán, “y que el gobierno ofrece una nutrición adecuada, una pedagogía específica de la edad y la igualdad de trato para todos los niños”. A estos asuntos se les dan prioridad en el trabajo de incidencia política del sindicato.

Menos del 4% de los trabajadores colombianos son sindicalizadas, pero este número ha aumentado cada año desde 2012. El trabajo de Sintracihobi es un ejemplo para otros sindicatos en Colombia e internacionalmente. Demuestra cómo una minoría bien organizada puede utilizar la acción directa y la opinión pública para obtener mayores beneficios para todos los trabajadores de un sector determinado.

La USO afilia a 300 nuevos miembros en Rubiales

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Con el apoyo de la ODEPA, Justicia para Colombia, y los sindicatos internacionales UNISON and Workers Uniting, la USO ha sido capaz de conformar un equipo compuesto por organizadores, abogados, y observadores internacionales para coordinar labores en una región apartada, desgarrada por la corrupción, con una débil presencia institucional y el resurgimiento de grupos paramilitares

Un análisis de las violaciones laborales en la región ha revelado prácticas tales como la contratación a corto plazo a través de empresas de outsourcing, salarios más bajos que los pagados en otras partes del país, horas de trabajo que exceden los límites legales, sin el reconocimiento al pago de horas extras, una estructura de dos niveles en los que trabajadores directos ganan más que los trabajadores subcontratados, violaciones de los requisitos para proveer puestos de trabajo para la población local y represión antisindical.

La USO está actualmente trabajando en representación de los trabajadores del proveedor de servicios de cafetería Duflo, quienes han buscado la ayuda de la Union en la lucha contra los cambios discontinuos en sus horarios laborales donde los empleados trabajan de 6:00-9:00, 13:00-15:00 y 16:00-18:00 sin ningún pago entre estas horas.

Mientras tanto, un panel de arbitraje ha ordenado a Pacífic E & P reabrir un proceso de negociación colectiva con la USO el 20 de febrero, que ha estado en espera durante más de un año. Leer un comunicado de la USO al respecto AQUI.

La USO está convencida que el liderazgo que está ofreciendo en estos procedimientos, así como la aplicación del acuerdo de negociación nacional con Ecopetrol, seguirán atrayendo nuevas afiliaciones, incluso en un municipio marcado por una historia de intensas tácticas antisindicales por parte de las empresas petroleras, sus filiales y una amplia gama de empresas de la industria de outsourcing.

Amenazas de muerte al equipo de Sintracihobi

El viernes 18 de noviembre, amenazas de muerte llegaron a tres miembros del equipo que trabajan para proteger los derechos laborales de las trabajadoras de la primera infnacia del sector público de Colombia afiliadas al sindicato Sintracihobi.

Juan David Gómez, asesor de la unidad tecnica legislativa del senador colombiano Alexander López, y Daniel Marín, abogado de la firma Mantilla, Marin y Alvarez, recibieron mensajes de texto (imagenes abajo) por separados en los cuales se les informó que serían desmembrados si continuaban trabajando en las zonas de Bogotá. La única conexión entre estos dos profesionales es su trabajo con Sintracihobi, donde colaboran para defender los derechos laborales y los servicios de calidad en los programas de la primera infancia administrados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Andrés León, un miembro del personal de Sintracihobi que trabaja en estrecha colaboración con  Mantilla Marin y Alvarez, también recibió una llamada telefónica anónima en la que fue intimidado e insultado con un lenguaje similar. Leon fue contratado por PASO desde mayo a octubre del 2016.

Solicitamos a la comunidad internacional a que colabore con las autoridades colombianas para garantizar la seguridad de estas tres personas, así como de todos aquellos que trabajan con el equipo de  Sintracihobi, incluidos los dirigentes sindicales y el personal de PASO, para que podamos seguir defendiendo pacíficamente los derechos humanos de millones de los niños colombianos más vulnerables. Para información adicional por favor contacte pasocolombia@gmail.com o (COL) 311 561 8403.

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Corte Costitucional ordenará pago retroactivo a las madres comunitarias

El sindicato SINTRACIHOBI, que representa a las trabajadoras de la primera infancia financiadas por dineros públicos, hoy celebran otra gran victoria en la pugna por el reconocimiento de sus derechos laborales. La semana pasada, los medios de comunicación filtraron una proyección de un fallo de tutela en el cual la Corte Constitucional de Colombia reconocía una relación laboral existente entre las 106 madres comunitarias accionantes de la tutela y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el cual siempre había desconocido esta relación con el argumento de que las madres comunitarias eran voluntarias en un programa de caridad. Además de lo anterior, en el fallo filtrado por los medios, la Corte reconocía el pago retroactivo de los salarios dejados de percibir a estas madres comunitarias, además del reconocimiento de las prestaciones sociales y los aportes de pensión desde la fecha de vinculación de cada una de las madres comunitarias accionantes, hasta el 31 de enero de 2014 fecha en la cual el Estado formalizo a las madres comunitarias luego de 29 años.

Ante este precedente, se estima que en la historia de los programas comunitarios y demás modalidades, hayan trabajado alrededor de 120.000 madres comunitarias durante un poco más de 30 años como “voluntarias” que pueden verse favorecidas por el fallo de tutela de esta alta Corte.

Esta decisión no es la primera que esta alta corte concede a favor de las madres comunitarias debido a que en el año de 2014 esta misma institución ordenó al Estado el mejoramiento de las condiciones salariales de las madres comunitarias debido a que la retribución en ese entonces por su trabajo, equivalía a menos del salario mínimo legal en Colombia. Esto, impulso a que el sindicato saliera a un paro en 2013 por más de 20 días exigiéndole al Estado una formalización laboral inmediata, logrando este tan anhelado objetivo para más de 80.000 madres comunitarias en ese entonces. Sin embargo, el sindicato después de esta victoria y observando que la mayoría de sus filiales sufrían padecimientos físicos y además ostentaban entre 60 y 80 años aun desempeñando la labor de madres comunitarias, decidió organizar un grupo de abogados para presentar miles de demandas individuales en las cuales le exigen al Gobierno el reconocimiento de pensiones dignas y la reivindicación laboral después de tantos años de servicio sin tener una buena remuneración. El fallo mencionado anteriormente se emitiría en el marco de 106 de estos casos.

Después de narrar los anteriores acontecimientos y teniendo en cuenta la filtración del fallo de tutela de la Corte, el momento que vive el sindicato SINTRACIHOBI es inmejorable, debido a que en este año cosecharía dos victorias hito en la historia laboral de Colombia; el primero radica en que en abril de este año en un paro de 20 días, las madres comunitarias lograron mejorar las condiciones nutricionales de los niños que atienden y además, consiguieron un contrato indefinido con vocación de permanencia y estabilidad laboral, y el segundo, sería el conseguir el primer fallo de tutela que les da la razón a las madres comunitarias y les reivindique tantos años laborados en condiciones infrahumanas.